El drama de la corrupción en Venezuela ha alcanzado bajo los
gobiernos de Chávez y Maduro un nivel escandaloso, superando con
infinita ventaja cualquier otro período. La tipología desarrollada es
una mezcla de enriquecimiento ilícito tradicional, asociado a redes
criminales nacionales e internacionales que han creado una estructura de
delincuencia económica, blanqueo de dinero, narcotráfico, chantajes,
fraudes de todo tipo, cobijados y justificados por una
“pseudo-ideología” de izquierda y un liderazgo populista que solo
pretende perpetuarse en el poder y continuar extrayendo la riqueza de la
Nación de manera impúdica e impune.
Esta inédita clase corrupta penetró el corazón de la
institucionalidad democrática del país, demoliendo sus logros, que más
allá de las fallas en nada podría compararse con la barbarie actual.
Hemos regresado, en una suerte de máquina del tiempo, a la época en que
el poder se ejercía arbitrariamente y las decisiones recaían sobre el
caudillo de turno, sin la más mínima consideración ni respeto por los
derechos humanos más básicos y fundamentales.
La dimensión de esta calamidad ya había sido avizorada por el
Libertador Simón Bolívar, quién convencido de que había que adoptar
medidas fuertes y extraordinarias promulgó en 1824 un decreto que
estableció la pena capital contra todo funcionario público, a quien se
le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de
los fondos públicos de diez pesos arriba…”. Para Simón Bolívar este mal
era…”una de las principales causas de los desastres en que se ha visto
envuelta la República…”
La ambición por el poder y la riqueza no estuvo ausente a lo largo
del fatídico siglo XIX a partir de la separación de Venezuela de la Gran
Colombia. Los golpes y contragolpes, las revoluciones y
contrarrevoluciones, diezmaron y empobrecieron a la población, pero
contrariamente enriquecieron a sus cabecillas. Prácticamente todos los
presidentes, en su mayoría militares, manejaron la hacienda pública como
una caja personal, sin rendir cuentas a nadie.
Sin embargo, fue Juan Vicente Gómez (JVG) quién elevó la corrupción a
una cota desconocida hasta entonces. La inesperada y sorprendente
bonanza petrolera que bendijo al dictador, fue aprovechada para
convertirlo en uno de los gobernantes más ricos y poderosos de toda
América. Venezuela flotaba sobre lagos de petróleo y solo JVG tenía el
poder para decidir a quién se le entregaban las concesiones para la
explotación del oro negro. A través de familiares y amigos construyó una
casta que se enriqueció de negocios asociados a la explotación
petrolera, incluso JVG creó su propia empresa petrolera, la Compañía
Venezolana del Petróleo CVP, como un instrumento para aumentar sus
ingresos.
Durante su mandato, particularmente a partir de 1922, Venezuela
experimentó el más largo período de estabilidad del negocio petrolero.
El país se dio a conocer como una potencia petrolera, que la convirtió
en 1928 en el segundo exportador de crudo del mundo. Sin embargo, al
patrimonio nacional solo ingresaba el 3% de la renta, hasta las
modificaciones de 1943 y 1948 que lo elevaron al 50%.
Su fallecimiento provocó una mezcla de rabia, ira y alegría. El país
estaba extenuado por el abuso, la represión política y las miserables
condiciones de vida, frente a la opulencia del dictador y su entorno. No
pasó mucho tiempo para que los propios gomecistas dieran a conocer la
dimensión de las propiedades del General, entre las que se destacaban:
500 casas, cerca de 500 haciendas, potreros, fundos, varias islas
(Cauguire, isla del Burro, Chambergo y Otama), acciones en diferentes
minas y varias concesiones petroleras (TSJ: 08-02-2013 Exp. Nº
2011-0071).
El Congreso, aun gomecista, a tan solo 9 meses de la muerte del
dictador procedió bajo presión social y política a decretar la
incautación de todos sus mal habidos bienes. En el decreto se argumentó
que esas propiedades habían sido adquiridas a través de fondos ilícitos
provenientes del tesoro nacional y que por lo tanto, debían ser
confiscados a favor de la Nación. (Gaceta oficial de los Estados Unidos
de Venezuela Nº 19.066 de fecha 22 de septiembre de 1936).
La expropiación de los bienes de JVG no fue suficiente para hacer
justicia ante lo despojado al pueblo venezolano. El gomecismo trató de
pasar agachado ante la fuerza de los cambios, sin embargo pudo más la
tenacidad política y la visión de aquellos jóvenes valientes de la
generación del 28, que no descansaron hasta que la dialéctica política
los puso frente a aquel octubre de 1945 en que una Junta Revolucionaria
Gobierno (JRG) presidida por Rómulo Betancourt, tomó las riendas del
poder como única opción para forzar el rumbo hacia la democracia.
Convencidos en que no había que darle tregua a la corrupción, la JRG
no dejó impune a los aliados del difunto dictador y decretó el 27 de
noviembre 1945 la conformación de un Jurado de Responsabilidad Civil y
Administrativa (JRCA) destinado a establecer la responsabilidad de las
personas que se habían enriquecido sin causa en beneficio propio o
ajeno, prevalidos de la influencia indebida de quienes ejercieron
funciones públicas. (Artículo 1 del decreto). Precedido de las
actuaciones de la Comisión de Sustanciación, el JRCA logró llevar a
juicio a centenares de imputados, algunos declarados inocentes y otros
culpables, recuperando para la Nación un poco más de 400 millones de
bolívares.
Vencer la corrupción o reducirla a un mínimo soportable no es tarea
fácil. Venezuela se enfrenta no solamente al desafío de desalojar del
poder al más corrupto gobierno que el país haya tenido en toda su
historia, sino que además debe combatir una plaga que se ha extendido a
distintos eslabones sociales, que ha hecho metástasis y mutado a formas
escurridizas difíciles de detectar.
La transición irreversible que mantiene bajo estrés a todo el pueblo
de Venezuela debe abrir un espacio para debatir la estrategia adecuada
para la lucha contra la corrupción. Tal como lo hizo Bolívar en su
tiempo y la generación que emergió como opción de cambio democrático
frente al gomecismo, hoy la clase política que encarna la MUD al lado de
la inmensa mayoría de los venezolanos, tiene que plantarle cara a este
mal.
Recientemente Venezuela volvió a vivir un período único, esta vez, el
más largo de los más altos precios del petróleo en toda su historia.
Desafortunadamente con una lamentable coincidencia, bajo un gobierno
autoritario que manejó los ingresos petroleros a su antojo, para
beneficio de sus principales dirigentes y aliados internacionales,
destruyendo prácticamente todo a su paso: la economía, la democracia y
el tejido social que lo volvió trizas fanatizando a una parte importante
de la sociedad en torno a ideales fundamentalistas. Pero lo más
criminal del régimen ha sido la destrucción de PDVSA y ahora el intento
de tener como tuvo Gómez, su propia empresa, no solo petrolera sino
también minera bajo control militar. Este capítulo inédito, solo visto
en aquel oscuro período.
El marco legal que se apruebe para conducir la batalla por la
recuperación de lo sustraído y el enjuiciamiento de los responsables,
debe incorporar una institución u órgano jurisdiccional especial con
competencia exclusiva para perseguir la variedad de delitos que giran en
torno al fenómeno de la corrupción. Existe consenso en cuanto a que la
corrupción está estrechamente correlacionada con graves violaciones de
derechos humanos, y pone en peligro la estabilidad de muchas naciones y
el mundo.
Igualmente se reconoce que el esfuerzo para combatirla, ni ha sido suficiente, ni ha dado los resultados deseados.
Es por ello que el juez federal y ex funcionario del Departamento de
Justicia de Estados Unidos Mark L. Wolf, ha planteado la necesidad de
crear una Corte Internacional Anticorrupción, siguiendo las pautas que
llevaron a la comunidad internacional a crear la Corte Penal
Internacional para procesar a los responsables de violaciones masivas a
los derechos humanos por parte de funcionarios de países que les
protegían o que no contaban con los medios para enjuiciarlos. De lo que
se trata, según Wolf, es que una instancia de esa naturaleza –en caso de
aprobarse- abra las puertas para el castigo de los corruptos y con ello
facilitar la recuperación de lo robado, revirtiendo la cultura de la
impunidad tan necesaria en estos tiempos.
No obstante la existencia de ese brazo jurisdiccional internacional,
hay que enfrentar la corrupción en lo interno con determinación y con
medios proporcionales a la magnitud de esta calamidad. Dejar en manos de
la jurisdicción ordinaria sería arriesgar demasiado. La garantía del
éxito de una operación que se extenderá en el tiempo, dependerá en gran
medida de cómo se configure la institución. Al mejor estilo del JRCA del
45, pero de este tiempo, debe debatirse sin demora su creación y
configuración, llevando a su seno a un personal altamente calificado y
comprometido con la justicia, dotado de equipos, presupuesto, tecnología
de punta que facilite el rastreo de información, comunicación segura y
confidencial, con organismos nacionales e internacionales.
Este Alto Tribunal Anticorrupción tendría al mismo tiempo la misión
de devolverle a Venezuela no solo los miles de millones de dólares
sustraídos de manera ilícita, enjuiciar y encarcelar a los culpables,
sino además contribuir a restituir la moral, los principios, la ética,
la confianza y el orgullo de ser venezolano. De esta labor y de la
prevención de la corrupción que se haga por otras vías, dependerá que
país tendremos en el mediano y largo plazo.
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