martes, 17 de enero de 2017

Seguridad Energética, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible: Conversatorio 7 de febrero de 2017


Introducción

El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha desarrollado un plan de trabajo en torno a los derechos humanos bajo un enfoque multidisciplinario desde hace varios años. En este marco se han llevado a cabo intercambios académicos con expertos europeos y latinoamericanos para debatir la relación entre la energía y los derechos humanos. En la actualidad emerge la necesidad de abordar un tema poco tratado como es la Seguridad Energética y el Cambio Climático a la luz del Desarrollo Sostenible. Particularmente resulta de sumo interés construir un puente con realidades específicas, como es el caso del derecho de los pueblos indigenes.
 
En este sentido se ha previsto realizar este Conversatorio, que contará con el apoyo de prestigiosas Universidades, a saber la Universidad de Viena y la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. El ICGDE convocará igualmente a los centros académicos y de investigación tanto de la BUAP como de otras instituciones, que brindarán sus valiosos aportes en la agenda propuesta.

Justificación

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en 2015 en París, refuerza el compromiso de los Estados de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que está en estrecha vinculación con la matriz energética y las energías fósiles de cada país. No obstante, cuando se trata de potencias en hidrocarburos, emerge el desafío de asegurar no solo el propio suministro interno, sino también competir por una cuota importante del mercado global. En consecuencia, la política energética podría entrar en contradicción con el cumplimiento de las metas de reducción de las emisiones de GEI y de allí la necesidad de acompañar estos procesos con las reformas jurídicas y económicas que permitan un equilibrio en la tríada “seguridad energética, cambio climático y desarrollo sostenible”. Sin duda, ello genera impactos en los derechos y pone en la encrucijada a países como México.

Resulta de una relevancia única el debate en el contexto de los lineamientos de las Naciones Unidas para transformar nuestro mundo con la Agenda 2030, procurando hacer frente al cambio climático como una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta. El Acuerdo Mundial Sobre el Clima abrió el camino para el combate eficaz contra el cambio climático y el impulso de la transición hacia sociedades y economías resilientes y bajas en carbono. Este logro envolverá un esfuerzo sin precedentes en distintos sectores y particularmente, en la sociedad civil, para alcanzar las metas de reducción de los GEI.  

Las Universidades y los centros de investigación deben jugar un papel decisivo en la concepción y desarrollo de programas de educación y formación, como lo prevé el propio Acuerdo Mundial sobre el clima. En los países latinoamericanos adquiere todavía un relieve especial este rol de la sociedad civil y la academia, dado su nexo con las violaciones a los derechos humanos y, específicamente, con la discriminación estructural de grupos de la población, entre ellos, los pueblos indígenas. Con los denominados “megaproyectos”, entre ellos los energéticos, se pueden vulnerar derechos, a la vez que dañar el medioambiente.

Está demostrado que la desigualdad afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables, como los pueblos indígenas, quienes tienen una tasa de pobreza cuatro veces mayor. Las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas, en el caso concreto de México, se dan en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado; o cuando se  trata de reivindicación de sus tierras. Principalmente se observa violencia en virtud de la oposición al proyecto y la confrontación con quienes lo apoyan.

En este sentido, la interacción entre el Derecho internacional de las inversiones y los derechos de los pueblos indígenas es cada vez más frecuente. Por un lado, debido al aumento cuantitativo de las inversiones extranjeras protegidas por una amplia y creciente red de tratados bilaterales de inversión (TBI) que para 2013 ya sobrepasaban los 2.900 y, por el otro, en razón del actractivo de los territorios de los pueblos indígenas ricos en recursos naturales para los inversionistas extranjeros. Los riesgos de violar los derechos de los pueblos indígenas se incrementan, con los correspondientes impactos perjudiciales en la relación de los pueblos indígenas con sus tierras o la degradación y contaminación ambiental. A ello se suma la problemática del valor de las tierras para la cultura indígenas. En general se habla de la fragmentación del Derecho Internacional, con lo cual se muestra una evidente necesidad de una mayor coordinación entre ambos sistemas jurídicos (inversiones y derechos de los pueblos indígenas) y pasar a fomentar el diálogo.  Es clave, por tanto, profundizar las medidas suficientes y efectivas que faciliten  interacciones en lugar de conflictos entre el Derecho de las inversiones y los Derechos de los pueblos indígenas, teniendo como marco la tríada seguridad energética, cambio climático y desarrollo sostenible.
La constelación temática de los pueblos indígenas se toma como referencia en función de sus múltiples facetas y las potencialidades que ofrece para un estudio interdisciplinario.

Objetivos

El Conversatorio se propone indagar: ¿Cuáles son las líneas de debate sobre la relación entre la tríada “seguridad energética, cambio climático y  desarrollo sostenible” y los derechos humanos? Se buscará identificar factores internos y externos que pueden impulsar la transformación que demanda el cambio climático desde las distintas disciplinas. Será central discutir: ¿Qué  dilemas, alternativas y problemas pueden explorarse desde la Academia? Asimismo, el Conversatorio se plantea como objetivo encontrar conceptos y prácticas comunes en Europa y Latinoamérica en la investigación sobre esta novedosa materia desde un enfoque multidisciplinario. En particular, en el Conversatorio se podrá:
           
1.    Examinar la relación entre energía, cambio climático y desarrollo sostenible;
2.    Esbozar el régimen internacional de las Naciones Unidas para el combate del cambio climático y la contribución determinada a nivel nacional de México;
3.    Revisar la transición energética, sus perspectivas presentes y futuras así como el rol del ahorro y la eficiencia energética en este proceso;
4.    Analizar el distinto tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas en la normativa universal de derechos humanos y en el derecho de las inversiones;
5.    Considerar los derechos de los pueblos indígenas en contextos de inversiones y mencionar casos relevantes;
6.    Reflexionar sobre las medidas para fomentar el diálogo y para hacer frente a los conflictos entre el derecho de las inversiones y el derecho de los pueblos indígenas

Metodología
Presentaciones de 30 minutos por parte de los profesores invitados y comentarios por parte de los participantes en el Conversatorio.

Ponencias: 
La transición energética en el marco del cambio climático y el desarrollo sostenible


Henry Jiménez Guanipa es profesor de Postgrado en Derecho de la energía, integración energética comparada, transición energética, y conferencista e investigador invitado en diferentes Universidades e Instituciones europeas y latinoamericanas. Además es consultor en temas sobre reformas y regulación energética, medio ambiente y cambio climático y coordinador del  Diplomado sobre Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad para La Paz de Naciones Unidas. 



El Derecho de las inversiones internacionales y los derechos de los pueblos indígenas

Christina Binder es catedrática de Derecho Internacional y Director Adjunto del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de "Derechos Humanos" de la Universidad de Viena. Ha sido además profesora en el ámbito de los Derechos Humanos en la Universidad de Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad Renmin de China, Pekín, en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil y profesora invitada de derecho internacional de las inversiones en las Universidades Bocconi de Milán, Italia y Mekelle de Etiopía.

Link: https://deicl.univie.ac.at/team/binder-christina/




jueves, 12 de enero de 2017

Política, Petróleo y Corrupción

Aunque la corrupción ha sido un fenómeno muy presente en las sociedades latinoamericanas desde hace varias décadas (lamentablemente), su crecimiento ha sido sorprendente en los últimos 14 años, justo a partir del ascenso al poder del ala izquierdista, populista y nacionalista de al menos 6 países: Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. En éste último de corte militarista.

Venezuela ha sido el país que ha facilitado la alianza del grupo de los 6, apalancado en la inmensa riqueza proveniente de los altos precios del petróleo que comenzó  desde el 2001) y en el fuerte liderazgo de su presidente, el carismático Hugo Chávez, quien no tuvo la más mínima consideración de proyectar una revolución continental a cualquier precio, convencido de que los petrodólares no se agotarían.

De este modo emprendió su campaña internacional, chequera y negocios en mano, para favorecer a partir de 2003 el inicio de la era de los Kirchner en Argentina y de Lula y Dilma en Brasil, ambas concluidas. Luego se enfocó en Evo Morales en Bolivia haciéndole llegar cuantiosas ayudas para facilitar su acceso al poder desde 2006 y que se extenderá hasta 2020, en razón a sus 3 triunfos en fila. Rafael Correa, también apoyado por los petrodólares venezolanos, se hizo con la presidencia de la República del Ecuador en 2007, ganando 3 elecciones, pero concluirá este año y no irá a una nueva reelección, por lo que su época habrá concluido. Finalmente Daniel Ortega en Nicaragua, gracias al dinero de los venezolanos "regalado" por Chávez,  ascendió a la presidencia en 2007 y tiene la firme convicción de perpetuarse más allá de 2021 cuando concluya su cuarto período, directamente o a través de su esposa, que ya es la vicepresidenta.

En la gráfica que se presenta abajo, elaborada a partir de los informes anuales de Transparencia Internacional (TI) (1999-2015), se observa como la percepción de la corrupción en el grupo de los 6 crece sostenidamente desde 2003 y se dispara  a partir de 2009, con la afrenta para Venezuela de constituir el más corrupto de todos.

Para 1999, todos los integrantes del grupo de los 6, promediaron el puesto 70,5 de la lista de los informes de TI, y para 2015 se ubicaron en el puesto 112, de 167, ocupando Venezuela el No. 158. El que aparecía como el menos corrupto era Brasil, ubicado en el puesto 45 en 1999, pero en 2015 alcanzó el No. 76. Argentina pasó del 71 al 107, Bolivia del 80 al 99, Nicaragua del 70 al 130 y Ecuador del 82 al 107.




El caso venezolano no podría ser de otra manera, si tomamos en consideración que Chávez asumió el financiamiento de partidos y movimientos políticos de la región para la toma del poder y la instauración del mal llamado Socialismo del Siglo XXI. En otros países como México, por ejemplo, algunos movimientos de izquierda recibieron apoyo económico de Venezuela, sin que alcanzaran el objetivo de la toma del poder por parte de su candidato, aunque sí estuvieron cerca.

La corrupción en el grupo de los 6 y más allá, es muy compleja. Lo que comenzó como un medio para promover e imponer un modelo político fue desdibujándose, hasta convertirse en un problema de tal gravedad, que ha desmantelado -en el caso venezolano- su democracia y abiertamente se le reconoce como una dictadura, su economía está arruinada y la inmensa mayoría de la población ya es pobre y no accede ni a los alimentos, ni a las medicinas. La delincuencia amparada por la tiranía que gobierna obliga a millones de venezolanos a emigrar como única salida para salvarse de la tragedia, una especie de guerra no convencional contra el pueblo.

Al nivel que ha trepado la corrupción en este país no es comparable con el del resto del grupo de los 6. Mientras se ha dicho que el piso del monto de la corrupción por parte de chavistas, maduristas, militares, banqueros y falsos empresarios es de 300 mil millones de dólares (véase El Gran Saqueo: Carlos Tablante), en Brasil se habla de cerca de 40 mil millones de dólares. La procedencia de esta cifra está básicamente en relación con las industrias petroleras como Pdvsa y Petrobras. De allí que en el resto del grupo los montos son menores.Las investigaciones continúan y poderosos países afectados, como EEUU, cada día aportan nuevos elementos sobre la dimensión de este flagelo. Recientemente se ha podido develar parte de los tentáculos de la faraónica empresa brasileña Odebrecht y el alcance continental de los sobornos pagados a gobiernos y empresas. Nuevamente Venezuela, al lado de Brasil, centran la atención como fuentes proveedoras de negocios y dólares para esa compañía brasileña y su amplia red internacional.

Según el testimonio dado a la Policía Federal de Brasil en febrero de 2016 por un asesor político, Odebrecht habría donado 35 millones de dólares a la última campaña presidencial de Chávez en 2012, a cambio de contratos para la compañía carioca para construir puentes, carreteras e incluso cimentaciones para vías de ferrocarril, que por cierto nunca llegaron a concluirse, sin que esto liberara a la empresa de pagar hasta 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos. Véase la siguiente gráfica tomada de, El Economista: Odebrecht también sobornó en la Venezuela chavista).


Las pruebas acumuladas hasta ahora indicarían que Odebrecht se convirtió en la contratista preferida por Chávez, con la ayuda de su aliado y amigo cercano, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Por tal motivo, fiscales brasileños acusan al ex presidente precisamente de hacer lobby ilegal para obtener contratos para Odebrecht en varios países fuera de Brasil, incluyendo a Venezuela. Este caso podría ser uno de los tantos denunciados hasta ahora. Las pesquisas avanzan y lo más probable es que seguirán apareciendo las conexiones de la corrupción de Venezuela, Brasil y el resto del grupo en toda la región.

De este modo queda en evidencia como el ejercicio sin escrúpulos del poder político, armado del dinero proveniente del petróleo, se convirtió  en la fórmula que creó un monstruo fuera de control en dos de las grandes potencias petroleras de Latinoamérica. Hasta dónde llegan sus extremidades? Qué debemos hacer? Cómo detener semejante maleficio? En qué nivel de desarrollo se encuentra en el resto del grupo de los 6 y más allá?


La tarea es titánica y no podemos abandonarla. Una vez derrotada la dictadura es necesario un pacto contra la corrupción. La dimensión de la ruina del país debe hacernos reflexionar para impulsar una auténtica transformación política, económica, social y sobre todo, cultural. 

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