Rodrigo
Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más
temidos por los presidentes y altos funcionarios de Latinoamérica. A sus 44
años, este abogado conoce bien los secretos de Odebrecht, el gigante
brasileño de la construcción que ha tambaleado los cimientos políticos del
continente tras confirmar el pago de sobornos millonarios a Gobiernos de 12 países. Hasta 2016, Tacla trabajó como letrado
del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía, la hermética
unidad de negocios especializada en comprar voluntades. Campañas electorales,
regalos, fiestas, prostitutas… Todo valía para agasajar al político. Como
contrapartida, presidentes y jefes de Estado correspondían a la firma con
contratos de obra pública, principal fuente ingresos de la mayor constructora
de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.EL
PAÍS ha localizado en Madrid a este abogado con nacionalidad hispano-brasileña
que fue arrestado el pasado noviembre por orden de un juzgado de Curitiba (Brasil).
Tras pasar 72 días en la prisión de Soto del Real —acusado de soborno, blanqueo
y pertenencia a organización criminal—, se encuentra en libertad provisional.
Tacla será juzgado en España después de que la Audiencia Nacional rechazara su
extradición a su país natal, Brasil.
La
justicia brasileña le reclama por lavar presuntamente más de 12 millones de
euros al dictado de la empresa. Y Odebrecht sostiene que le contrató para
blanquear las comisiones ilegales.
Tacla
lo niega. Argumenta que solo prestó sus servicios durante cinco años. Y que
conoció las alcantarillas de la compañía porque "evaluó riesgos" como
letrado en aquellos países donde la constructora compró a decenas de políticos.
El
abogado, que está colaborando con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la
Fiscalía Anticorrupción española, desvela en su primera entrevista las claves
del mayor escándalo de América. Una bomba política cargada de metralla que
salpica ya a los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos
(Colombia), o Danilo Medina (República Dominicana), y a los exmandatarios Ollanta Humala (Perú) o Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).
Pregunta. ¿Cómo
actuaba Odebrecht?
Respuesta. La
constructora lo arreglaba todo pagando. Repartía comisiones al funcionario más
bajo de la Administración y al jefe de Estado.
P. ¿Y cómo se
aproximaba al poder?
R. El primer
contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos
del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario João Santana [responsable de las exitosas campañas de
los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff]. La
constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de
gobierno.
P. El político
devolvía el favor cuando alcanzaba el poder…
R. Sí. El
dirigente incluía en su plan de Gobierno las obras que le interesaban a
Odebrecht. La constructora, en algunos casos, asesoraba a los países sobre cómo
conseguir financiación a través de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
P. ¿A cuántos
funcionarios, candidatos y presidentes sobornó Odebrecht?
R. A más de
1.000. A través de la firma, cobraron desde gerentes de empresas públicas a
jefes de Estado. Solo en Brasil hay 500 personas afectadas. Y existen políticos
y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido.
P. Odebrecht
abonó en 2016 la mayor multa de la historia -2.231 millones de euros- a los
Gobiernos de Brasil, Suiza y EE. UU. para poder volver a presentarse a
concursos públicos. La constructora reconoció con este acuerdo que desde 2001 repartió sobornos en 12 países. ¿Le consta la existencia de más Estados
implicados?
R. Sí. Por
ejemplo, la empresa desembolsó tres millones de euros en enero de 2016 al
primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne. El pago se hizo a través
del diplomático de este país Casroy James. El dinero buscaba que Antigua y
Barbuda no comunicara a las autoridades judiciales de Brasil los movimientos en
el Meinl Bank, una entidad local adquirida por Odebrecht y que se utilizó para
blanquear los fondos de los sobornos.
P. ¿Puede
explicar cuál era la misión de ese pequeño banco de Antigua y Barbuda comprado
por la constructora?
R. El Meinl Bank
era una tapadera en ese paraíso fiscal del Caribe. Tenía solo tres empleados en
una pequeña oficina. Su sede en São Paulo estaba en el consulado. Era el centro
neurálgico desde el que se hacían los pagos irregulares. De ahí se transfería
dinero a otros bancos como la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad clausurada en 2015 por corrupción. Mediante pagos
internos se evitaba dejar rastro y eludir las huellas de los fondos cuando se
incluye el Swift (código de transferencia internacional).
Rodrigo Tacla se ha convertido en
una bomba de relojería. En uno de los hombres más temidos por los presidentes y
altos funcionarios de Latinoamérica. A sus 44 años, este abogado conoce bien
los secretos de Odebrecht, el gigante brasileño de la
construcción que ha tambaleado los cimientos políticos del continente tras
confirmar el pago de sobornos millonarios a Gobiernos de 12 países. Hasta 2016, Tacla trabajó como letrado del Departamento de Operaciones
Estructuradas de la compañía, la hermética unidad de negocios especializada en
comprar voluntades. Campañas electorales, regalos, fiestas, prostitutas… Todo
valía para agasajar al político. Como contrapartida, presidentes y jefes de
Estado correspondían a la firma con contratos de obra pública, principal fuente
ingresos de la mayor constructora de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados
y tentáculos en 28 países.
EL PAÍS ha localizado en Madrid a
este abogado con nacionalidad hispano-brasileña que fue arrestado el pasado
noviembre por orden de un juzgado de Curitiba (Brasil). Tras
pasar 72 días en la prisión de Soto del Real —acusado de soborno, blanqueo y
pertenencia a organización criminal—, se encuentra en libertad provisional.
Tacla será juzgado en España después de que la Audiencia Nacional rechazara su
extradición a su país natal, Brasil.
La justicia
brasileña le reclama por lavar presuntamente más de 12 millones de euros al
dictado de la empresa. Y Odebrecht sostiene que le contrató para blanquear las
comisiones ilegales.
Tacla lo niega. Argumenta que
solo prestó sus servicios durante cinco años. Y que conoció las alcantarillas
de la compañía porque "evaluó riesgos" como letrado en aquellos
países donde la constructora compró a decenas de políticos.
El abogado, que está colaborando
con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía Anticorrupción
española, desvela en su primera entrevista las claves del mayor escándalo de
América. Una bomba política cargada de metralla que salpica ya a los
presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia), o Danilo
Medina (República Dominicana), y a los exmandatarios Ollanta Humala (Perú) o Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).
Pregunta. ¿Cómo actuaba Odebrecht?
Respuesta. La constructora lo arreglaba todo pagando. Repartía comisiones al
funcionario más bajo de la Administración y al jefe de Estado.
Pregunta. La Fiscalía Anticorrupción investiga obras en Latinoamérica de
constructoras españolas que integraron consorcios con Odebrecht. Firmas como
Acciona, que participó en el metro de Quito (1.400 millones de euros), o FCC,
que ha ejecutado el suburbano de Panamá (1.650), están bajo sospecha. ¿Cuál fue
el papel de estas empresas?
Respuesta. No le puedo dar detalles porque estoy colaborando con la Fiscalía
Anticorrupción española. Sí puedo decirle que la Fiscalía me preguntó si estaba
interesado en aportar información a Panamá. Contesté que no tenía ningún
problema, siempre que la colaboración siguiera el cauce judicial. No puedo
aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo
informal [extrajudicial]. Cuando pedí que la colaboración de este país fuera
oficial, ya no me volvieron a llamar.
P. ¿Por qué
Panamá no quiere seguir la vía convencional de colaboración judicial?
R. La clave está
en la amistad del responsable de la filial de Odebrecht en Panamá, André
Rabello, con el presidente del país, Juan Carlos Varela. Quieren saber qué digo
en España, qué pasos doy.
P. ¿Y cómo se
aproximaba al poder?
R. El primer
contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos
del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario João Santana [responsable de las exitosas campañas de los expresidentes brasileños Luiz
Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff]. La constructora sugería después las
obras que se incluían en los planes de gobierno.
P. El político
devolvía el favor cuando alcanzaba el poder…
R. Sí. El
dirigente incluía en su plan de Gobierno las obras que le interesaban a
Odebrecht. La constructora, en algunos casos, asesoraba a los países sobre cómo
conseguir financiación a través de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
P. ¿A cuántos
funcionarios, candidatos y presidentes sobornó Odebrecht?
R. A más de
1.000. A través de la firma, cobraron desde gerentes de empresas públicas a
jefes de Estado. Solo en Brasil hay 500 personas afectadas. Y existen políticos
y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido.
P. Odebrecht
abonó en 2016 la mayor multa de la historia -2.231 millones de euros- a los
Gobiernos de Brasil, Suiza y EE. UU. para poder volver a presentarse a
concursos públicos. La constructora reconoció con este acuerdo que desde 2001 repartió sobornos en 12 países. ¿Le consta la existencia de más Estados implicados?
R. Sí. Por
ejemplo, la empresa desembolsó tres millones de euros en enero de 2016 al
primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne. El pago se hizo a través
del diplomático de este país Casroy James. El dinero buscaba que Antigua y
Barbuda no comunicara a las autoridades judiciales de Brasil los movimientos en
el Meinl Bank, una entidad local adquirida por Odebrecht y que se utilizó para
blanquear los fondos de los sobornos.
Aunque Browne recibió tres
millones, la operación le costó a Odebrecht 10,5. La mayor parte de ese dinero
acabó en el bolsillo de varios directivos de la constructora y del Meinl Bank.
La decisión [del presunto soborno de Browne] se adoptó en septiembre de 2015
durante una reunión en el hotel Intercontinental de Madrid a la que yo mismo
asistí. Browne ha negado que recibiera un soborno de Odebrecht. Asegura que
nunca ofreció un trato de favor a la constructora e insiste en que colaboró con
las autoridades brasileñas en la investigación].
P. ¿Puede explicar
cuál era la misión de ese pequeño banco de Antigua y Barbuda comprado por la
constructora?
R. El Meinl Bank
era una tapadera en ese paraíso fiscal del Caribe. Tenía solo tres empleados en
una pequeña oficina. Su sede en São Paulo estaba en el consulado. Era el centro
neurálgico desde el que se hacían los pagos irregulares. De ahí se transfería
dinero a otros bancos como la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad clausurada en 2015 por corrupción. Mediante pagos
internos se evitaba dejar rastro y eludir las huellas de los fondos cuando se
incluye el Swift (código de transferencia internacional).
El Pleno de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional ha acordado rechazar la extradición a Brasil de
Rodrigo Tacla Durán al estimar el recurso de súplica del exabogado de
Odebrecht. La Sección Segunda de este mismo tribuna,l acordó el pasado 15 de
junio extraditar a Tacla a Brasil condicionando su entrega a que ese país
preste por escrito garantías de reciprocidad en un supuesto similar de doble
nacionalidad.
Ahora, los 17 magistrados del
pleno que preside la juez Concepción Espejel acaban de decidir que al tratarse
de un ciudadano de nacionalidad española y con base al principio de
reciprocidad debe rechazarse su entrega a Brasil. La decisión unánime de los
jueces implica que a solicitud de las autoridades brasileñas, Tacla Durán será
sometido a juicio en España con la documentación y pruebas que remita la Justicia
de Brasil. España se compromete a celebrar el juicio y a comunicar la
sentencia.
El acuerdo de los jueces rechaza,
en cambio, la mayoría de los argumentos que expone la defensa del exabogado de
Odebrecht y afirma que los documentos presentados por la Justicia de Brasil
para pedir su extradición por los delitos de cohecho, blanqueo y organización
criminal “cumplen todos los requisitos necesarios”. El Pleno añade que, en el
Código Penal español, esos hechos “serían constitutivos de los mismos delitos”.
P. ¿Odebrecht
sabía que las esposas y amantes de los dirigentes recibían sobornos?
R. Sí. La
constructora arreglaba la vida financiera de las esposas de los políticos.
Sobre todo de las exesposas.
P. En Brasil,
Odebrecht ha reconocido el pago de 303 millones de euros en sobornos para
recibir contratos de obras por valor de 1.600 millones durante las presidencias
de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff…
R. La cantidad
fue mucho mayor. Se desembolsaban 130 millones de euros al año en comisiones.
El dinero se entregaba en efectivo y por transferencias. Cobraba hasta el
conserje. Los sobornos salpicaron a todos los partidos. De derecha, izquierda…
De Gobierno, oposición,… Y no hay solo políticos entre los beneficiados… La
empresa apostaba. Por ejemplo, en la pugna entre Lula y Dilma, Odebrecht
preferió a Lula.
P. La firma ha
confirmado que en Colombia abonó 10 millones de euros en sobornos para recibir
contratos por valor de 43 millones entre 2009 y 2014, ¿es correcta esa
cantidad?
R. No conozco a
fondo el caso de Colombia, como tampoco tengo detalles de la situación en
Argentina, Perú, Venezuela o Guatemala. Pero las cifras de Colombia reconocidas
por la empresa son muy bajas. No creo que Odebrecht tuviera una estructura en
el país por solo 43 millones de euros.
P. Y en Ecuador,
la constructora ha admitido que destinó 29 millones de euros a comisiones
ilegales para obtener contratos por valor de 100 millones durante el mandato
del presidente Rafael Correa (2007-2017). ¿Qué dirigentes ecuatorianos
están implicados?
R. Acabo de
responder en España a una comisión rogatoria -solicitud de auxilio judicial
entre Estados- de Ecuador. He informado de que el exministro de Electricidad
del Gobierno de Rafael Correa Alecksey Mosquera cobró una comisión de 870.000
euros a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde tuvo una cuenta.
Desconozco porqué Mosquera cobró esa comisión.
[La
Fiscalía General de Ecuador ordenó la detención de Mosquera en abril de 2017
por recibir presuntamente sobornos de Odebrecht].
P. ¿Qué nos
puede decir de México?
R. Pues que
Odebrecht creía que el presidente de México iba a ser el exdirector general de
la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Y le gustaba esa
idea. La constructora tenía mucho interés en Lozoya.
P. Odebrecht ha
reconocido que pagó 51 millones de euros en sobornos a oficiales del Gobierno
de Panamá entre 2010 y 2014, ¿es correcta la cifra?
R. La cantidad
es mayor. La firma corrió con los gastos de los principales candidatos de las
elecciones generales panameñas de 2014: el oficialista José Domingo Arias y su
adversario, el actual presidente, Juan Carlos Varela. Apostó por los dos.
La
constructora también abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa
de ron propiedad de Varela. El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en
Hong Kong.
Cuando
Varela era vicepresidente (2009-2014), se enviaron fondos a Michelle Lasso, una
persona vinculada al político que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht en
Antigua y Barbuda. La constructora se asustó porque Lasso tuvo un problema
empresarial en EE. UU. y temió que se le investigara.
P. La
constructora ha reconocido el pago de 80 millones de euros en comisiones
ilegales en República Dominicana, donde captó contratos por valor de 142
millones, ¿quiénes se beneficiaron de estos sobornos?
R. Odebrecht
tenía una relación muy cercana con el presidente de República Dominicana,
Danilo Medina. Y recomendó a Medina al publicitario João Santana. Además,
Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, decidió
en 2015 trasladar el departamento de Operaciones Estructuradas (la oficina que
pagaba los sobornos) desde São Paulo a Santo Domingo. La finalidad era tener
mayor control ante posibles operaciones policiales e investigaciones.
P. ¿Ha recibido
amenazas en EE. UU. o España?
R. Sí, a través
del teléfono y las redes sociales. Me exigían que me callara. Mi madre también
ha sido amenazada. He denunciado esta situación ante las autoridades de España
y de EE. UU.
[Tacla
muestra un mensaje de WhatsApp de su madre con el siguiente texto: “Hijo, que
me están amenazando por teléfono. Que dicen que te tienen atado. Que es un
atraco. Que quieren joyas, dinero, para que te liberen…Son las tres de la
mañana…].
P. ¿Cree que
altos funcionarios y gobernantes de Latinoamérica temen su confesión?
R. Sin duda. Mi
testimonio puede afectar a muchas personas poderosas en el mundo.
Fuente: Elpais.es
