viernes, 16 de julio de 2021

Del "Fit for 55" al “Fit for 100: nuevas leyes para la protección del clima en la UE

La Comisión Europea creó un nuevo paquete de leyes e impuestos para la protección del clima que debe ser aprobado aún por el Parlamento y el Consejo Europeo.

La Comisión planea un hito en la legislación sobre la protección del clima. Al menos en cuanto a su dimensión. Se trata de cerca de 13 nuevos proyectos de ley o de reformas legales con los que el organismo superior de la UE quiere regular las emisiones de gases de efecto invernadero: "Fit for 55”  se refiere a alcanzar un 55 por ciento menos de emisiones hasta 2030, en comparación con el año de referencia, 1990. Ese objetivo climático fue acordado por los países miembros del bloque en diciembre de 2020. El vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, presentó el miércoles (14.07.2021) los nuevos mecanismos de mercado, impositivos y de normas sobre emisiones y para la construcción con los cuales se planea llegar a esa meta. De ese modo, Timmermans marca el rumbo hacia el objetivo final, que debería llamarse "Fit for 100”: ya en 2050, Europa quiere ser el primer continente neutral para el clima del planeta.

Ampliación de comercio de emisiones y normas más estrictas

En el futuro, los barcos, como hasta ahora los vuelos intraeuropeos, podrán ser integrados al comercio de emisiones. El precio de los derechos de emisiones, que actualmente afectan a cerca de 10.000 empresas y productores del sector energético, aumentará. El número de derechos de contaminación disponibles deberá reducirse más rápidamente de lo que figura ahora en la legislación correspondiente. Todavía no queda claro si la Comisión Europea también incluirá al tráfico vehicular y a los edificios en el comercio de emisiones. Algunos países, como Polonia, consideran que eso sería un "suicidio”. Otros grupos elogian esa posible medida.

El "reparto de la carga” -es decir, los objetivos climáticos nacionales de cada país miembro de la UE en las áreas de agricultura, tráfico, el sector de la construcción y el de los desechos, debe ser sopesado nuevamente. Alrededor de un 60 % de las emisiones de la UE están cubiertas por este sistema. Cerca de un 40 % es regulado a través del sistema de comercio de emisiones. Es decir, que el reparto de cargas es el pilar más importante de la arquitectura climática, y es el más controvertido, ya que los gobiernos deben, para atenerse a él, tomar medidas vinculantes. Pero pueden decidir por sí mismos acerca de cómo generar energía, y si esta es eólica, hídrica, a partir de biomasa o de energía nuclear. Esas fuentes son consideradas neutrales para el clima.

Nuevo impuesto ecológico en las fronteras externas de la UE

Las compañías que fabrican aluminio, acero, cemento, el sector productor de abonos agrícolas, así como empresas generadoras de electricidad, estarán protegidas, a través de ese impuesto, de los competidores en terceros países que no están sujetos a normas tan estrictas. Asimismo, se evitará que las empresas desplacen su producción, fuertemente regulada en la UE, hacia terceros países en los que las leyes sean más laxas. De ese modo se quiere evitar una "fuga de CO2” desde la UE hacia los Balcanes o Ucrania, por ejemplo. EE. UU., China y muchos países en vías de desarrollo rechazan ese nuevo impuesto porque argumentan que podría no cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Tampoco habrá excepciones al impuesto de límites de dióxido de carbono para los países en vías de desarrollo.

Impuestos energéticos deben modificarse

La Comisión Europea propone modificar la fiscalización del petróleo, el gas, la gasolina y la electricidad, que hoy todavía favorece a los combustibles fósiles. Para los usuarios de gas, gasolina y petróleo, esa medida podría salir cara, mientras la electricidad, que se usa masivamente para la electromovilidad, podría abaratarse. En este punto, los Estados miembros deberían unificar su criterio, lo que no resultó fácil en los últimos años.

Industria automovilística y movilidad: cambios profundos

No se prohibirán los motores a combustión en los vehículos, pero su uso será tan caro que en 2030 costará mucho venderlos. La Comisión Europea planea regular en su normativa sobre emisiones que la expulsión de CO2 de los vehículos se reduzca entre un 60 y un 90 por ciento. Eso también regiría para nuevos permisos de circulación dentro de la flota de vehículos de un fabricante determinado. Hasta 2050, los vehículos motorizados no producirían más emisiones. A más tardar a partir de ese año, ya no se emitirían permisos de circulación para motores a combustión, a no ser que puedan operar con combustibles vegetales. También se ampliará el fomento al hidrógeno como combustible y a alternativas al keroseno para los aviones.

Los vuelos serán más caros

En los vuelos europeos será obligación, cada vez más, utilizar combustible sostenible o "verde”. Hasta 2050, en más de un 60 por ciento. Dado que actualmente son cinco veces más caros que el keroseno, los precios para vuelos intraeuropeos aumentarán. La idea es, según Timmermans, volver poco atractivos los vuelos cortos. Como alternativa, se planea ampliar la red ferroviaria. Pero la CE no tiene nada en contra de un vuelo por año a Mallorca, dijo el comisario europeo para Protección del Clima.

Compañías navieras deberán ser creativas

Para la navegación, la CE no planea, previsiblemente, cuotas para combustibles alternativos o turbinas a gas. Pero sí habrá objetivos climáticos fijos que las compañías navieras y los propietarios de navíos deberán cumplir en varias etapas. El combustible, y cómo lo usan, quedará a su criterio en un principio. Pero poco a poco, el tráfico naviero se integrará al comercio de emisiones. Uno de los combustibles elegidos podría ser el gas licuado.

Electricidad ecológica y surtidores de energía eléctrica

La construcción de surtidores de carga para vehículos a electricidad y para la carga con hidrógeno será una norma vinculante para los países de la UE. Hasta 2030 se deberán construir tres millones de surtidores de acceso público. Aún se deben unificar normas acerca de precios y regulaciones en el bloque comunitario europeo.

Casas ecológicas

La comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, quiere un objetivo vinculante de ahorro de energía a través del aislamiento para viviendas y la construcción de edificios neutrales para el clima, así como de instalaciones más eficientes de calefacción y aire acondicionado. En 2030 se espera que lleguen a un 32,5 por ciento. El potencial de ahorro energético es alto. Sobre todo los edificios públicos, los hospitales, las escuelas y las viviendas sociales tendrán prioridad, advierte la CE.

"Sumideros de carbono” en la agricultura

A los sectores agrícola ganaderos, la UE quiere prescribirles que empiecen a operar lo antes posible de manera neutral para el clima. Los agricultores y silvicultores deberán probar que, por cada tonelada de CO2 que emiten, hacen que una tonelada de ese gas sea absorbida por árboles o plantas. Esos "sumideros de carbono” absorberían anualmente unos 300 millones de toneladas de CO2. Esto podría resumirse en una simple regla: por cada vaca que emita gas metano, deberá haber tres árboles que puedan absorber esas emisiones perjudiciales para el clima.

Estas amplias propuestas para nuevas leyes y para reformas legales deben ser negociadas y aprobadas aún por el Parlamento Europeo y -todavía más importante- por el Consejo Europeo, la representación de los países miembros. Para casi todas las medidas ya existen argumentos a favor y en contra, que serán presentados por ministros, diputados, grupos lobistas y activistas por el clima, según se vean afectados sus intereses. La aprobación de la legislación por los organismos de la UE podría demorar un año. Luego pasarían otros dos años hasta que el marco de la UE sea aplicado al derecho nacional de cada país. Pero la Comisión Europea planea regular ya algunos temas de camino hacia la legislación final, y esas normas regirían inmediatamente en todos los países miembros.

Fuente: Deutsche Welle

viernes, 9 de julio de 2021

Comisión Europea multa a BMW y Volkswagen por burlar normas de libre competencia

La Comisión Europea anunció este jueves (08.07.2021) una multa total de 875 millones de euros (más de 1.000 millones de dólares) a los gigantes automotrices alemanes BMW y Volkswagen por un pacto para burlar normas de libre competencia en materia de reducción de emisiones.

Daimler, otro gigante alemán del automóvil que también participó en este pacto pero reveló su existencia, fue declarado culpable pero no fue sancionado.

De acuerdo con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, estas tres empresas, más Audi y Porsche, "poseen la tecnología para reducir emisiones peligrosas más allá de lo legalmente requerido por los estándares europeos, pero evitaron la competencia en el uso del potencial de esa tecnología".

La UE "no tolera cuando empresas coluden", señaló la funcionaria. "No dudaremos en tomar acciones contra cualquier forma de cartel" que amenace los esfuerzos adoptados en materia de reducción de emisiones, agregó.

En particular, los constructores alcanzaron un entendimiento para limitar la introducción de urea ("AdBlue") en motores a diésel y con ello limitaron la capacidad de reducir emisiones.    

Por la medida, Volkswagen recibió una multa de 502 millones de euros (unos 590 millones de dólares) y BMW una de 372 millones de euros (unos 440 millones de la divisa estadounidense).

Fuente: Deutsche Welle

martes, 6 de julio de 2021

Justicia de Honduras condena al expresidente de la constructora DESA por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

Un tribunal acreditó conversaciones e intercambio de mensajes entre David Castillo y los sicarios. La familia de la líder ambiental anuncia que irá contra la familia Atala, dueña de la constructora.

Con gritos de “Berta no murió, Berta se hizo millones”, decenas de indígenas y simpatizantes de Berta Cáceres celebraron a las puertas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras la condena contra David Castillo Mejía como coautor del homicidio de la ambientalista en marzo de 2016.

Las siete condenas conocidas hasta el momento por su asesinato escalaron este lunes un poco más al señalar directamente a la empresa DESA, encargada de la construcción de la hidroeléctrica, y a su directivo, aunque la pena impuesta se conocerá el 3 de agosto, anunció el tribunal.

David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras. Castillo era un exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y presidía la hidroeléctrica DESA que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la represa Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medio ambiente. El tribunal concluyó que Cáceres fue asesinada por liderar la campaña para detener la construcción de la presa, lo que generó retrasos y pérdidas financieras para la empresa.

Hasta ahora se había condenado a siete personas por ser los actores materiales pero en esta ocasión se incluye a un alto ejecutivo. El tribunal tuvo en cuenta los mensajes y llamadas que David Castillo intercambió tanto con los sicarios como los directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de la activista. Las conversaciones demuestran que Castillo estaba claramente definiendo los planes, la logística y el pago del crimen, sentenció el tribunal.

David Castillo, a su llegada a la Suprema Corte de Honduras este lunes. Elmer Martinez / AP

Castillo se había defendido alegando que era amigo de Cáceres, pero el tribunal concluyó que Castillo mantuvo ese contacto solo para obtener información sobre su paradero y sus movimientos. Según la sentencia, Castillo es “coautor” del asesinato lo que anima a los activistas a perseguir a la familia Atala Sabla, dueña de DESA, a quienes consideran

Su hija Berta Zúñiga Cáceres valoró la sentencia de este lunes como una “victoria popular y un paso para frenar la impunidad”, dijo a las puertas del tribunal. Según su hija, “el fallo significa que las estructuras de poder no lograron corromper la justicia” y anunció que ”la causa no termina con esta resolución sino que se encamina para llevar ante la justicia a la familia Atala”. Al conocer la sentencia, Berta Zúñiga insistió en uno de los reclamos de los indígenas: “la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica así como desmontar las redes crimínales que han quedado expuestas durante el juicio a Castillo”.

En la misma dirección, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la ong que dirigía Berta Cáceres, insistió en que la condena contra Castillo “debe ser el inicio del proceso para juzgar a las personas involucradas en el crimen”.

Para el abogado de la familia Cáceres la sentencia “supone una importante victoria ya que se logró reconstruir el asesinato, señalar a los culpables, evidenciarlos y llevarlos ante la justicia”, dijo su abogado Victor Fernández. “La exigencia de justicia no es solo por Berta Cáceres sino por la muerte de un sinnúmero de activistas asesinados por este modelo económico y social extractivo que lleva años repartiéndose el país”, añadió el abogado, para quien con esta sentencia “se rompe con la espiral de normalizada de violencia”. Hasta el momento, más de cinco años después del homicidio, ningún miembro de la junta directiva o de la familia Atala ha sido acusado o ha tenido que acudir a declarar.

En 2017, DESA envió un mensaje a este periódico en el que afirmaba que estaba “completamente desvinculada”. La Fiscalía de Honduras, sin embargo, afirmó en su acusación de 2018 que Castillo, entonces presidente ejecutivo de DESA, pidió al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares (1.986 euros) para cometer el crimen, según la Fiscalía. Tanto Bustillo como Díaz Chávez fueron condenados a 30 años de cárcel en 2019.

Encabezados por Berta Cáceres, los indígenas lencas se habían opuesto a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en este campo. Su hija Berta insiste en que ejecutivos de DESA dieron su consentimiento para el asesinato de su madre.

Fuente: ElPais.es

Jacobo García

México - 05 jul 2021 - 21:03 CEST

 

 

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